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Opinión

Ojo al santo

A solo dos meses de las elecciones de octubre, es absolutamente necesario que se defina la situación jurídica de los candidatos a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que pudieran estar inhabilitados o impedidos para ejercer el cargo si resultan elegidos.

La ciudad – uno de los principales estinos turísticos de Colombia, no puede repetir el oprobioso episodio de ingobernabilidad de los últimos años, cuando los alcaldes encargados se multiplicaron hasta el insulto en el palacio de la Aduana, mientras la ciudad era centro de burlas y ejemplo de corruptela a lo largo y ancho del país.

Se dice que hay acuerdos por debajo de la mesa para impulsar una candidatura que resultaría ganadora pero que duraría poco ejerciendo, porque sería suspendida por tener investigaciones que llevarían a su separación del cargo. En su reemplazo vendría el calanchín que desde ya tendrían los estrategas de esta jugada maestra para seguir esquilmado a Cartagena.

Conociéndose lo que ha ocurrido en la ciudad con las mañas politiqueras en los últimos años, nada de raro tendría que tal patraña se esté cocinando. Por eso es preciso que la Procuraduría diga pronto cuáles candidatos no pueden ir a la contienda electoral porque tienen situaciones pendientes con la justicia.

 

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